El Concejo Deliberante de Tartagal atravesó una jornada de máxima tensión política. Lo que debía ser una sesión ordinaria para tratar informes enviados por el Ejecutivo municipal y expedientes pendientes terminó abruptamente interrumpida luego de que se planteara sobre tablas una moción para remover a las autoridades del cuerpo.
La propuesta apuntaba a desplazar al presidente Armando Leguizamón —actualmente a cargo de la Intendencia, por licencia del jefe comunal—, a la vicepresidenta primera Carolina Bustillos y a la vicepresidenta segunda Miriam Gallardo. El oficialismo rechazó de plano la iniciativa y, tras retirarse en bloque, dejó sin quórum la discusión.
Un escenario de fragilidad institucional
De las 11 bancas que integran el Concejo, solo 10 estaban en funciones por la licencia médica del edil Ramón Ramos. Con Leguizamón en el Ejecutivo, la presidencia quedó en manos de Bustillos.
Ese viernes, el recinto contó con la presencia inicial de nueve concejales. Sin embargo, Sergio “Quitupi” González se retiró antes de finalizar la sesión. El edil ya había anticipado durante la semana que no estaría presente toda la jornada por un compromiso con niños con discapacidad. Más allá de sus diferencias políticas, dejó en claro que no acompañaría maniobras que pudieran profundizar la crisis institucional.
Con solo ocho concejales en sala, se intentó avanzar con el pedido de recambio de autoridades. Ante ello, el oficialismo resolvió retirarse en bloque. Bustillos otorgó un plazo de cinco minutos para retomar la sesión, pero al no lograrse el regreso de los ediles, levantó la reunión por falta de quórum.
El trasfondo: la Comisión Investigadora
El telón de fondo de la jugada estuvo marcado por la Comisión Investigadora aprobada días atrás contra Leguizamón. El procedimiento se inició debido a demoras en la presentación de rendiciones de cuentas, aunque el propio presidente ya entregó la documentación respaldatoria de los gastos.
Según se explicó, más que recurrir a una comisión, la situación podría haberse resuelto mediante un proyecto de resolución que exigiera formalmente la presentación de los informes. No obstante, el pedido prosperó gracias a una mayoría circunstancial y se abrió la investigación.
La defensa de Leguizamón
En medio de la controversia, Leguizamón defendió su gestión:
“La comisión investigadora que hay hacia mi persona no tiene pruebas de nada. Hoy mismo debían reunirse y no fueron, solo estuvieron dos concejales. Creo que esta jugada fue un intento claro de desestabilización”, sostuvo.
Si bien el oficialismo no utilizó expresamente la figura de “golpe institucional”, dejó entrever que la maniobra buscó alterar la normalidad del Concejo en un contexto de debilidad política.
Consecuencias inmediatas y lectura política
El escándalo del viernes dejó sin tratamiento varios expedientes de interés comunitario, entre ellos uno relacionado con la comunidad Misión La Loma. La parálisis legislativa y el enfrentamiento interno exponen a la institución a una crisis de legitimidad.
Lo cierto es que, más allá de no contar con mayoría, la oposición ha demostrado en reiteradas oportunidades que busca aprovechar coyunturas favorables para desatar conflictos internos. En su afán por ambicionar el poder y quedarse con el control del Concejo Deliberante, es la principal responsable de generar las crisis institucionales que hoy mantienen paralizada a la ciudad.
Redacción: Diario Inclusión.
