Florencia Kirchner pasó 25 minutos por los tribunales de Comodoro Py, donde fue citada por el juez federal Julián Ercolini para prestar declaración indagatoria en el llamado caso Hotesur, y dejó un escrito donde se desligó de las acusaciones. En este mismo expediente ya se presentaron su madre Cristina de Kirchner y su hermano mayor, Máximo.
En uno de los párrafos del texto -que en simultáneo a la tramitación fue difundipo por la exjefa de Estado en sus redes sociales-, Florencia escribió: «Hace ya casi dos años, en nuestro país se ha desatado una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial. En este contexto se intenta presentar a la familia Kirchner como si fuera una asociación ilícita o, en términos aún más peyorativos, como una banda criminal».
En otro tramo del documento apunta al tratamiento mediático que se le dio a las fotos difundidas de sus cajas de seguridad y dice que «se ordenó un operativo en el Banco Galicia que concluyó con la obscena filtración, por parte del Ministerio de Seguridad». La joven hacía referencia a las «fotografías del dinero en efectivo» que, según dijo, «fueron falsamente presentadas ante la opinión pública como si se tratara de un hallazgo de tenencias cuando, esos depósitos ya habían sido declarados ante todos los organismos de contralor pertinentes y en este mismo Juzgado». En ese marco, aclaró que ese dinero es de «origen lícito» a la vez que críticó que se hayan presentado a la prensa «como si hubieran sido hallados luego de una exhaustiva investigación».
Por otra parte, apuntó que el procedimiento se inició «a raíz de la presentación de un documento privado obtenido ilegalmente por la Sra. (Margarita) Stolbizer con la connivencia del juez (Claudio) Bonadío. Los funcionarios, oportunamente denunciados, ni siquiera fueron investigados». Por último, pidió al juez su sobreseimiento argumentando punto por punto las razones por las que considera «falsas» las acusaciones en su contra.
• Acusación
En el caso Hotesur se investiga una supuesta maniobra de lavado de dinero proveniente de sobornos de contratistas de obra pública. Para los investigadores judiciales, los sobornos se habrían pagado a través de la simulación de alquileres de habitaciones del hotel Alto Calafate, administrado por la firma Hotesur, de la familia Kirchner.
Los primeros accionistas de Hotesur fueron Néstor y Máximo Kirchner, pero tras la muerte del ex presidente en octubre de 2012 ingresaron a la sociedad comercial primero la ex mandataria y después su hija.
Los hijos de los últimos dos ex presidentes fueron acusados por integrar la sociedad y por integrar a su patrimonio -con la sucesión de Néstor Kirchner– «dinero obtenido ilícitamente». Para la Justicia, la causa Hotesur es parte de una gran maniobra de lavado de dinero sacado del Estado de manera ilícita que se habría iniciado con el direccionamiento de la obra pública.
Esta no fue a primera vez que los hermanos Kirchner concurrieron a Comodoro Py, dado que lo hicieron a principio de año cuando se presentaron ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la casua Los Sauces, por la que luego fueron procesados. Como hicieron anterioremente y en línea con lo hecho por Máximo, se espera que Florencia no responda preguntas de Ercolini y se limitará a presentar escritos con sus consideraciones sobre el expediente, asesorados por el abogado Carlos Beraldi.
Los hijos de la ex presidenta enfrentarán a Ercolini luego de que esta semana lo hiciera ella en el marco de una audiencia que duró tan solo 20 minutos y en la cual pidió ser sobreseída. La ex mandataria presentó un escrito en el que sostuvo que en el expediente de la causa Hotesur no hay «un hecho puntual, concreto y específico de carácter delictivo».
«Por el contrario, sólo se hace referencia a operaciones comerciales regulares y lícitas que fueron declaradas ante los organismos competentes, instrumentadas de conformidad con las prácticas legales, bancarizadas y por las que se pagaron todos los impuestos correspondientes», criticó en el escrito.
En el texto que entregó en el juzgado federal 10 y que también difundió a través de sus redes sociales, la ex presidenta se adelantó a la indagatoria a la que será sometida su hija menor y salió en su defensa. «Se ha llegado a la desmesura de afirmar que mi hija Florencia debe responder por supuestos actos de lavado de activos que, imaginariamente, habrían tenido lugar cuando ella tenía apenas 15 años», sostuvo la ex mandataria.
Por esta causa, los hijos de la ex presidenta tienen sus bienes inhibidos, lo que implica que no pueden vender o hipotecar el conjunto de sus bienes porque están afectados a la investigación en su contra.
