La decisión del Gobierno de eliminar transitoriamente las retenciones a las exportaciones agropecuarias hasta el 31 de octubre generó una fuerte controversia en el sector. Mientras la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebró la medida como un logro histórico, entidades como Federación Agraria, Coninagro y Carbap advirtieron que el beneficio no alcanza a los pequeños y medianos productores, que ya vendieron sus granos para cubrir deudas e insumos.
José Luis Volando, vicepresidente de Federación Agraria, fue contundente: “Para el pequeño y mediano productor no va a tener ningún efecto porque el grano de soja y maíz ya casi no lo tenemos. Eso está en manos del productor grande y de los exportadores”. Además, alertó sobre el impacto en las producciones que dependen de maíz y pellets de soja para alimentación, cuyos precios podrían subir sin posibilidad de trasladarlos al consumidor.
La Mesa de Enlace evitó emitir un comunicado conjunto tras reunirse con funcionarios nacionales, reflejando la fractura interna que provocó la medida. Desde Coninagro, Mario Raiteri señaló que “si fuera permanente, diría que es una respuesta al reclamo del campo. Al ser temporaria, es el reclamo del campo y una necesidad inmediata del Gobierno”.
El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, participó días atrás del Congreso de Coninagro sin anticipar la decisión, lo que fue interpretado como una falta de diálogo. En Carbap, Ignacio Kovarsky calificó la medida como “cortoplacista” y de alcance limitado, mientras que desde sectores opositores dentro de la SRA se cuestionó la efectividad del incentivo en tan corto plazo.
El Gobierno estima que el campo podría liquidar hasta USD 6.000 millones, aunque perdería USD 1.500 millones en recaudación. En la SRA aseguran que hay más de 55 millones de toneladas de granos por vender, lo que permitiría alcanzar la meta oficial. Sin embargo, muchos productores especulan con una futura devaluación, lo que podría frenar la liquidación.
Santos Zuberbuhler, exdirector de la SRA, advirtió que “no está pensada a largo plazo” y reclamó que el campo sea visto como un aliado estratégico y no como una caja de recaudación. La medida, aunque celebrada por algunos sectores, no logra despejar las tensiones internas ni garantizar un impacto equitativo en toda la cadena productiva.
La baja de retenciones, en este contexto, se convierte en una herramienta de urgencia más que en una política estructural. Su efectividad dependerá no solo del volumen de liquidación, sino de su capacidad para incluir a todos los actores del agro argentino.
Redacción Diario Inclusión
