El diputado nacional José Luis Espert fue protagonista de un operativo judicial que sacudió el escenario político. Por orden del juez federal Lino Mirabelli, la Policía Federal Argentina allanó su vivienda en Beccar y su despacho en el Congreso, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero vinculado al empresario Federico “Fred” Machado.
La causa se originó tras una denuncia del dirigente social Juan Grabois, quien señaló una transferencia de USD 200.000 desde cuentas asociadas a Machado hacia Espert. El empresario, actualmente detenido y con pedido de extradición a Estados Unidos, está acusado de liderar una red de narcotráfico y fraude internacional.
Durante el procedimiento, los agentes también ingresaron al despacho de Espert en la Cámara de Diputados, clausurado desde la noche anterior. La Cámara autorizó el allanamiento por 215 votos afirmativos, en cumplimiento del protocolo para funcionarios con fueros parlamentarios.
En paralelo, se allanó la vivienda de Machado en Viedma, donde se encontró un contrato de locación de servicios firmado en 2019 por Espert, que estipulaba un pago total de USD 1.000.000. El legislador aseguró que se trataba de un acuerdo profesional con una empresa minera guatemalteca, aunque admitió que el trabajo nunca se concretó por la pandemia.
Espert publicó un video en sus redes sociales donde explicó que el dinero recibido era un adelanto por asesoramiento técnico, y negó cualquier vínculo con actividades ilícitas. Sin embargo, su nombre aparece en registros financieros del Bank of America y en documentos utilizados como prueba en el juicio contra Debra Mercer-Erwin, socia de Machado.
A raíz del escándalo, el diputado pidió licencia en su banca hasta diciembre, renunció a su candidatura para las elecciones del 26 de octubre y dejó la presidencia de la Comisión de Presupuesto. La causa sigue bajo secreto de sumario, mientras se evalúa el traslado del expediente a Comodoro Py.
El caso Espert expone una trama de presuntos vínculos financieros entre política y crimen organizado, y abre un debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral y el control institucional sobre los legisladores. La Justicia avanza, y el Congreso observa.
Redacción Diario Inclusión
