El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que existen cerca de USD 200.000 millones fuera del sistema, y aseguró que si esos fondos ingresan podrían sostener un crecimiento económico del 6% anual. Sin embargo, la propuesta enfrenta trabas tanto en el Congreso como en el sistema bancario.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF) ya avanzaron en flexibilizar regímenes de información y declaraciones de origen de fondos. Pero la seguridad jurídica para los contribuyentes depende de reformas en el Código Civil y Comercial y en el Régimen Penal Tributario, aún pendientes de aprobación.
En paralelo, los bancos se muestran reticentes. Pese a las nuevas normas, continúan solicitando declaraciones juradas voluntarias a sus clientes, lo que desincentiva la implementación del plan. Caputo advirtió que podrían tomarse medidas si las entidades no se alinean con las disposiciones oficiales.
La discusión se cruza con la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Hasta el momento, 15.970 contribuyentes ya se sumaron, aunque especialistas recomiendan esperar a conocer la “letra chica” de la implementación antes de comprometerse.
Tributaristas como Sebastián Domínguez señalan que aún no está claro si el fisco permitirá modificar la información provista, lo que genera incertidumbre entre los contribuyentes. La falta de definiciones concretas podría ralentizar la efectividad del plan colchón.
El oficialismo apuesta a que el proyecto sea aprobado en las sesiones extraordinarias de fin de año. De lograrlo, se abriría la puerta a un blanqueo masivo de dólares que, según el Gobierno, podría convertirse en un motor clave para la economía argentina en 2026.
✍️ Redacción Diario Inclusión
