Alberto Fernández y Martín Guzmán están seguros de que los porcentajes preliminares de aceptación a la propuesta oficial de canje de deuda de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional.
Las variantes serían anunciar una prórroga directa hasta el 30 de agosto, dar por suspendido el asunto aclarando a la SEC que es un parate temporal o dar por terminado el proceso hasta nuevo aviso.
Y como el Gobierno insistió a destajo en que la propuesta presentada en sociedad el 3 de julio es inmodificable, se considera que al final del camino de los plazos establecidos crecerá el número de bonistas de todo nivel que ingresarían al canje. Se asegura desde Buenos Aires que el Comité de Acreedores, el AdHoc y el Exchange Bondholderes, sólo detentan el apoyo de no más del 35% de los fondos de inversión, y que concentran a los principales inversores institucionales, pero que dejan fuera a gran parte de los bonistas particulares, los que estarían, en la visión local, más interesados en aceptar.
Desde el bando de los tres grupos de acreedores que actúan como frente sólido e indivisible se insiste en que representan al 50% de los acreedores y que, en consecuencia, es imposible que el país logre que la mitad de los bonistas ingresen al canje. Y que el viernes por la noche el Gobierno ratificará el poder real que tiene el trío. Llegado ese momento, creen desde Wall Street, el Gobierno no tendrá otra alternativa de volver a negociar.
El proceso de reestructuración de deuda sólo se destrabará en las próximas horas si alguna de las partes cede. O si ceden los dos. Si ambas se mantienen en una posición irreductible no habrá deal antes del cierre del 4 de agosto.
Las partes saben que ya hay algo que no sucederá. La Argentina no logrará las aceptaciones necesarias para conseguir las mayorías reglamentarias para considerar que el canje según la última versión diseñada por Guzmán pueda ser exitoso. Para esto debería haber logrado un apoyo de al menos el 66% de los tenedores de bonos emitidos desde 2016 en adelante, y el 85% de los lanzados durante los canjes de 2005 y 2010. Lo que realmente el Gobierno estará peleando hasta el corte casi definitivo del viernes por la noche es si se consigue el 50% de adhesión, al menos en alguna de las propuestas presentadas. Sólo cuando llegue ese momento el Ministerio de Economía le escribirá al Jefe de Estado un paper que será presentado personalmente por Guzmán el fin de semana. Luego, ambos tomarán una decisión de Estado. Esta no saldrá de estas tres alternativas.
La Argentina podría anunciar una prórroga directa y sin cambios del proceso iniciado el 3 de julio, extendiendo los plazos hasta el 30 de agosto. Técnicamente la decisión sería fácil de anunciar. Sólo se necesitaría que los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) emitan una nota a la SEC anunciando que el proceso se extiende. Se debe acompañar además por la publicación del llamado en medios gráficos de Nueva York. La clave de la extensión del plazo es que desde Buenos Aires se acepten dos condiciones: que el “anabólico” del bono de premio cupón 2030 para los intereses no devengados hasta septiembre de este año se mantenga (el plazo vence el martes) y que se acepte discutir, aunque sea algunas, de las condiciones propuestas por el trío de acreedores. Será una decisión que tomará Alberto Fernández. Si se acepta, será con dos condiciones: no se tocarán las “cláusulas antibuitre” y la tasa de interés reclamada por los privados del 4,9% para el cupón 2030 es utópica.
La Argentina podría dar por suspendido el proceso de canje al no alcanzar las minorías necesarias, aclarándole a la SEC que se trata de un parate temporal y planteando los tiempos concretos en los que se reanudarían las negociaciones. Se argumentaría que al no haberse llegado a consensos, y amparándose en la situación económica mundial derivada de la pandemia, se hace necesario suspender el proceso ante la falta de coincidencia entre las partes. Obviamente se necesitaría el aval de los acreedores para esta posición; y, por lo que se sabe, no es un panorama que desde BlackRock y Fidelity (ambos del AdHoc), rechacen. De hecho, en algún momento en el comienzo de la zaga negociadora, los abogados del grupo lo propusieron. Todo se extendería entonces al 30 de agosto o comienzos de septiembre, en las mismas condiciones en las que se negoció en julio.
Suspender las negociaciones, y dar por terminado el proceso hasta nuevo aviso. Sin fecha establecida ni seguridades. O, variación de lo primero, dejar inamovible la oferta y dejarla abierta en el tiempo sin vencimiento, pero tampoco con cambios. En ambas alternativas se mantendría el “anabólico” del cupón 2030 y los que hayan aceptado el premio lo recibirían en tiempo y forma. Mientras tanto, la Argentina comenzaría su proceso de reestructuración de deuda interna y con los organismos financieros internacionales, comenzando por el FMI y el Club de Paris. Esta posibilidad es la más riesgosa de todas, ya que abriría las puertas de los reclamos judiciales ante el tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York de Loretta Preska. El riesgo, en este caso, no sería para los tenedores de deuda emitida desde el 2016 en adelante. El problema concreto es la libertad de acción que tendrían los bonistas con deuda de 2005 y 2010, quienes, sin las cláusulas antibuitre a cuestas, se sentirían liberados del pacto de caballeros de no avanzar con los litigios contra el país mientras duren las negociaciones.
