El Gobierno de El Salvador ofreció este martes una “mano amiga” a Bolivia para enfrentar la crisis penitenciaria que atraviesa el país andino. La propuesta surgió tras una solicitud del recientemente electo presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, a su par salvadoreño, Nayib Bukele, en el marco de los esfuerzos del nuevo gobierno para reformar el sistema carcelario excedido de capacidad.
“Estamos listos para acompañar al presidente Rodrigo Paz en esta nueva época, con una relación de amistad, colaboración y apoyo mutuo”, aseguró el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa, durante una entrevista con el diario El Deber en La Paz, donde participó de la ceremonia de investidura del mandatario boliviano.
Según relató Paz, la semana pasada mantuvo una conversación telefónica con Bukele, a quien le pidió asistencia directa para la construcción y gestión de cárceles. “Le dije: ‘ayúdame con las cárceles, que vamos a necesitar muchas acá’”, contó el mandatario.
El pedido de ayuda se enmarca en una crisis estructural del sistema penitenciario boliviano. Según datos oficiales, el país cuenta con más de 32.000 reclusos, aunque su infraestructura tiene capacidad para menos de la mitad. En los primeros meses de 2025 murieron al menos siete internos en hechos violentos, algunos con participación de agentes policiales.
La oferta de “una mano amiga”, como la definió Ulloa, se concretará en programas de cooperación técnica y en el intercambio de experiencias sobre seguridad y control penitenciario. Según informó el vice, ambos gobiernos evalúan crear una Cámara de Comercio conjunta, aunque los temas de seguridad ocupan el primer plano de la agenda bilateral. “La apertura de Bolivia hacia regiones como Centroamérica representa un antes y un después”, subrayó Ulloa.
“Bolivia vive un momento crítico y se deben buscar soluciones a corto plazo para evitar más muertes”, advirtió el exdirector de Régimen Penitenciario, Franz Laura. El funcionario remarcó que “el hacinamiento, la falta de infraestructura y la corrupción generan violencia constante entre privados de libertad”, y reclamó una “revisión urgente” de los protocolos de seguridad en las cárceles andina.
El Gobierno de Bukele ganó notoriedad por su política de “mano dura” contra las pandillas, que incluye la construcción de mega prisiones y lo ha llevado a aplicar un régimen de excepción, que continúa en pie desde 2022. La estrategia ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por denuncias de torturas y detenciones arbitrarias, y la población carcelaria en el país caribeño incrementó drásticamente en los últimos años, aunque El Salvador asegura haber reducido drásticamente los homicidios.
El interés de Bolivia en replicar algunos aspectos del modelo salvadoreño coincide con el giro político y diplomático impulsado por Paz, quien, en paralelo, anunció la normalización de relaciones con Estados Unidos y la posibilidad de retomar la cooperación con la DEA tras 16 años de ruptura. “No tenemos por qué aislarnos ni estigmatizar la cooperación”, señaló el nuevo ministro de Gobierno de Paz, Marco Antonio Oviedo.
Washington, por su parte, manifestó su disposición a “ayudar al nuevo gobierno democrático de Bolivia” en materia económica y de seguridad, según afirmó el subsecretario de Estado, Christopher Landau, durante su estadía en La Paz para la asunción presidencial. “El socialismo del siglo XXI está muerto en Bolivia y creo que es un buen augurio para el resto de la región”, expresó el estadounidense.
