La causa judicial que investiga el escándalo del token $LIBRA dio un giro decisivo esta semana: el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó peritar los teléfonos celulares de Javier Milei y Karina Milei, en busca de comunicaciones que los vinculen con los impulsores del proyecto cripto que estalló en febrero como una presunta estafa millonaria.
La medida apunta a determinar si existieron mensajes, llamadas o documentos digitales entre los hermanos Milei y empresarios como Hayden Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (Kip Protocol) y Bartosz Lipinski (Cube Exchange), quienes participaron del evento Tech Forum donde se habría gestado el lanzamiento del token.
Los dispositivos fueron incautados el 6 de marzo, veinte días después de que Milei promocionara públicamente $LIBRA en sus redes sociales. El fiscal también ordenó revisar los teléfonos de Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores, señalado como nexo entre los desarrolladores del token y el entorno presidencial.
El análisis incluirá todas las aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Instagram, X, LinkedIn), correos electrónicos, fotos y documentos, además de la geolocalización de los dispositivos en fechas clave. Se utilizarán 74 palabras clave para rastrear posibles maniobras financieras, como “rug pull”, “pump and dump” y nombres de exchanges como Binance y Kraken.
La investigación busca establecer si hubo uso de información privilegiada, tráfico de influencias o negociaciones incompatibles con la función pública. El Congreso, a través de la Comisión Investigadora del Caso $LIBRA, presiona por mayor transparencia y acceso a los peritajes, mientras Karina Milei ya faltó a dos citaciones sin justificar.
Desde el entorno presidencial, se insiste en que la difusión del token no implicó participación directa en su diseño o comercialización. Sin embargo, la falta de colaboración de funcionarios y la resistencia judicial a convocarlos por la fuerza pública alimentan las sospechas sobre el hermetismo institucional.
El caso $LIBRA se convirtió en un símbolo de los riesgos del vínculo entre política y criptoactivos. Si los peritajes revelan comunicaciones comprometedoras, la causa podría escalar hacia imputaciones formales y abrir un nuevo frente judicial para el Gobierno en plena campaña electoral.
Redacción Diario Inclusión
