La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezará la presentación del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que reestablecerá la vigencia de la norma que había sido suspendida durante el Gobierno de Alberto Fernández.
La presentación se realizará a las 15 en la sede de la cartera, ubicada en Gelly y Obes 2289, y Bullrich estará acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez.
Con el restablecimiento del denominado «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, la ministra expresará su «compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen”, se informó en un comunicado.
La normativa fue dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.
Este protocolo fue dejado sin efecto por la exministra de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019, una de las primeras medidas que tomó durante su gestión en el gobierno de Fernández.
El restablecimiento del protocolo fue cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma «que habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil».
«Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales», indicó la Correpi en un comunicado.
El 12 de enero pasado, Bullrich recibió al expolicía Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017.
En el encuentro hablaron sobre planes para “modernizar y adaptar” la legislación del Código Penal para “garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”.
