En un giro político inesperado, el nuevo interbloque Coherencia y Desarrollo —integrado por exlibertarios como Marcela Pagano, Oscar Zago y Lourdes Arrieta— presentó una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La iniciativa se fundamenta en una serie de denuncias que incluyen el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, agravios a legisladores y periodistas, y presuntas tensiones diplomáticas provocadas por declaraciones oficiales.
El principal eje del reclamo es la suspensión de la ley 27.793, que fue promulgada por decreto pero condicionada a la disponibilidad de fondos, a pesar de haber sido ratificada por ambas cámaras del Congreso. Los diputados señalaron que esta maniobra “carece de sustento constitucional” y viola el artículo 99 inciso 3 de la Carta Magna, que establece la obligatoriedad de la promulgación sin condiciones.
Además, el interbloque denunció que Francos consintió una “promulgación condicionada” que representa una “nulidad absoluta” y una “violación abierta a la supremacía constitucional”. La falta de reasignación presupuestaria para implementar la ley fue interpretada como una omisión deliberada, en contradicción con el mandato legislativo.
Otro punto crítico fue la difusión de audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que involucran a figuras del oficialismo como Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Los diputados acusaron al Gobierno de “amedrentar a la prensa” al señalar falsamente a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico, y a la diputada Pagano como responsables de la filtración.
La resolución también repudia expresiones de Francos que calificaron a Arrieta de “golpista” y la ridiculizaron públicamente, lo que fue interpretado como violencia política por razones de género. En entrevistas radiales, el funcionario descalificó a Pagano como “una comentarista sin renombre”, lo que intensificó el conflicto institucional.
Los legisladores advirtieron que estas conductas afectan la responsabilidad internacional del Estado argentino, al vincular la filtración de audios con “potencias extranjeras”, generando tensiones diplomáticas que debieron ser contenidas por la Cancillería.
La moción de censura busca reafirmar la vigencia de la división de poderes, la libertad de prensa y el respeto institucional. “Nadie está por encima de la ley”, concluye el texto firmado por Arrieta, D’Alessandro, Pagano y González, que será debatido en la Cámara de Diputados en los próximos días.
Redacción Diario Inclusión
