El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo técnico central para el desarrollo productivo argentino, enfrenta una amenaza estructural ante la posible aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que recorta su autonomía, elimina su personería jurídica y disuelve su CUIT operativo. La medida, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, forma parte de una avanzada de desregulación estatal que podría desmantelar capacidades estratégicas acumuladas durante décadas.
Creado hace casi 70 años, el INTI brinda servicios de certificación, control de calidad, asistencia a pymes y transferencia tecnológica. Su impacto se extiende a sectores como alimentos, combustibles, productos médicos, textiles, electrónica y metalmecánica. En 2023, generó el 35% de su presupuesto a través de servicios prestados a empresas nacionales e internacionales.
El decreto en cuestión pondría en riesgo inmediato la continuidad laboral de entre 510 y 520 trabajadores contratados bajo modalidad descentralizada. Además, abriría la puerta a más despidos mediante la ley de bases y el mecanismo de disponibilidad. “Ya el año pasado perdimos 700 compañeros entre retiros y cesantías. Es una pérdida de saberes acumulados, del patrimonio científico nacional”, advirtió Daniel Luna, trabajador del INTI.
La eliminación de áreas como Recursos Humanos, Finanzas y Control de Acceso, bajo el argumento de solapamiento con funciones del Ministerio de Economía, desconoce la especificidad técnica del organismo. Para sus trabajadores, esto representa un “desguace” que afectaría la capacidad de respuesta del INTI frente a demandas industriales y sociales.
El INTI no solo garantiza la calidad de productos de consumo masivo —como combustibles, alimentos y medicamentos— sino que también representa a la Argentina ante organismos internacionales de metrología. Su rol es clave para asegurar la trazabilidad de medidas y estándares en todo el país.
La posible centralización del INTI implicaría la pérdida de presencia territorial, afectando su estructura federal y el acceso de industrias regionales a servicios técnicos. Desde la sede de Concepción del Uruguay, se alertó que el DNU pondría en riesgo laboratorios especializados y unidades de extensión en varias provincias.
La comunidad científica, gremial y productiva se moviliza para frenar el avance del decreto. “El INTI es de todos y tenemos que defenderlo, porque en su defensa estamos protegiendo la ciencia, el conocimiento y la soberanía”, expresó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
Redacción Diario Inclusión
