Julio De Vido se transformó en el primer procesado en una causa judicial relacionada con los presuntos sobornos que la constructora Odebrecht habría pagado en el país para obtener obra pública.
Sin embargo, su procesamiento no da por probado que hayan existido coimas, ni estableció el mecanismo por el cual los pagos habrían sido direccionados a exfuncionarios kirchneristas. La acusación que fue refrendada por el juez Daniel Rafecas es por negociaciones incompatibles con la función pública y por el supuesto favorecimiento oficial para que el holding pudiera ampliar gasoductos entre 2006 y 2008. Este expediente, por el cual el otrora poderoso exministro de Planificación ya había prestado declaración indagatoria deslindando responsabilidades, le ganó de mano a otros casos que se tramitan en paralelo por diversas obras encaradas por Odebrecht y que también salpican a empresarios. De alguna forma se constituyó en un amague para romper la inercia de inacción que exhiben las causas que se han abierto en el capítulo argentino de la mega investigación internacional conocida como «Lava Jato». Las declaraciones de arrepentidos y las pruebas documentales sobre el giro de dinero continúan siendo desconocidas por las autoridades locales.
Junto a De Vido, también fueron procesados Daniel Cameron, el exsecretario de Energía y a los exsubsecretarios de Energía Eléctrica y de Combustibles, Bautista Marcheschi y Cristián Alberto Folgar Batista. Rafecas conservaba bajo su órbita la causa conocida como «Skanska II», donde se sospechaba de irregularidades en la ampliación de los gasoductos y direccionamiento del proceso licitatorio que terminó ganando la firma brasileña. Es una de las primeras explicaciones al porqué no hay rastro de pagos ilegales que se investigan en otros expedientes. Sebastián Casanello tenía hasta ahora el caso más avanzado donde ya indagó a una veintena de imputados, incluyendo empresarios, por la construcción de dos plantas potabilizadoras, donde la fiscalía a cargo de Federico Delgado identificó supuestos sobreprecios.
El juez determinó en su resolución que los exfuncionarios del área de Energía, en calidad de coautores, junto a De Vido, «realizaron una serie de actos tendientes a favorecer de la Constructora Norberto Odebrecht para que esta resultara adjudicataria de los contratos para la construcción de la obra denominada «Ampliación Gasoductos TGS y TGN -obras 2006/2008-«, contratos que debían ser negociados libremente por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)». Rafecas agregó: «Es posible afirmar que De Vido no pudo carecer de conocimiento -cuanto menos, de los trazos más gruesos-, respecto del modo y la vía por la que la Constructora Norberto Odebrecht ingresó al desarrollo de las obras de infraestructura sobre las cuales, por cierto, el Ministro tenía especiales responsabilidades en función de las misiones que le fueran encomendadas a su ministerio en virtud del ya mencionado decreto PEN N° 180/04». Los costos fueron calculados en u$s2.347 millones. En síntesis, el juez consideró que se creó un marco normativo y se adoptaron decisiones administrativas extraordinarias que terminarían beneficiando al gigante brasileño que confesó pagos por u$s35 millones en «propinas» solo en Argentina.
Utilizó como pruebas notas y documentos de la licitación destinados a Cammesa que se tramitaron en Planificación y sus áreas dependientes. En cambio, Rafecas dictó la falta de mérito para dos exdirectivos de Cammesa, Luis Breulet y Julio Bragulat.
Para el juez, Camargo Correa y Roggio se presentaron a la licitación para darle un supuesto viso de legalidad a la compulsa. Gracias a que finalmente no se unificaron expedientes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene el tramo que investiga la adjudicación y el pago de la obra, con lo que de allí tendrían que surgir pruebas de eventuales sobornos.
Desde la defensa de De Vido, que permanece detenido aunque este procesamiento sea sin prisión, destacaron que Rafecas no probó sobreprecios ni obras irregulares o incompletas. Y que tampoco existe elemento alguno que lo vincule con las negociaciones para el desembarco de Odebrecht. Sólo se lo acusó por haber dictado el marco normativo general para reformas en el circuito energético, bajo las órdenes del Poder Ejecutivo. Indirectamente, señaló que habría más responsables en la cadena administrativa. Y que Rafecas habría sido presionado para tomar esa resolución. En Argentina, sigue sin haber avances de peso en torno del capítulo local del caso Odebrecht.
