El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías, y de Presupuesto y Hacienda del Senado continuó este martes con la ronda de consultas a especialistas e interesados en torno al proyecto de ley de protección de derechos y garantías para las víctimas de delitos.
En la reunión conjunta realizada esta tarde en el salón Illia de la Cámara Alta, pasaron varios expositores que en puntos centrales coincidieron en marcar la necesidad de que las víctimas o sus familiares puedan actuar como querella para conseguir -por ejemplo- pedir pruebas a la justicia que surjan de las investigaciones.
De la reunión participaron Carolina Píparo, Matías Bagnato y Emmanuel Terrón, víctimas y familiares de víctimas de diferentes delitos. Además, los legisladores escucharon los testimonios del abogado Fernando Díaz Cantón; y de Raquel Asensio, secretaria a cargo de la Comisión de Género del Ministerio Público de la Defensa.
Asensio aseguró que «hay obstáculos en la justicia para concretar la protección de la mujer víctima de violencia y por eso es importante que el patrocinio jurídico sea especializado y entrenado para las características de cada caso».
«Son muy pocas las víctimas que pueden sustentar una querella y a los abogados les cuesta defenderlas. Por eso la mayoría de las víctimas no tienen ni un culpable ni un juicio», sostuvo Píparo.
En tanto, Matias Bagnato, sostuvo: «saquen la mejor ley y hagan las modificaciones que consideren necesarias pero por favor apruebenla».
Al inicio, el docente de la UBA y abogado Fernando Díaz Cantón advirtió que «el imputado se enfrenta a un sistema donde el error y el abuso están a la orden del día» y remarcó que «lo que no existe, y este proyecto considera, es una oficina de asesoramiento y patrocinio gratuito de las víctimas de los delitos considerados gravísimos».
No obstante, alertó que «este proyecto no fue mirado por expertos del Derecho Penal ni por expertos en Derecho Procesal» y dijo que «hay cierta liviandad en la redacción».
