Iván Rafael Sanso, un docente que quedó marginado en la comisión directiva que se reconformó tras el desplazamiento de la exsecretaria general de la Agremiación Docente Provincial (ADP).
Un vocal anteño inició las acciones por persecución y desbaratamiento de derechos .
Sanso denunció que sus derechos gremiales fueron desbaratados en el contexto de una «clara persecución política» que le causó «enorme daño personal, económico y moral».
En la presentación que realizó ante el Ministerio Público Fiscal el lunes último, el docente de la localidad de El Quebrachal solicitó que se promuevan las acciones correspondientes contra los directivos Viviana Figueroa, Jorge Amaya, Víctor Romero, Ana María Cerezo, Marta Zalazar, Adrián Leonardo Blas y Jorge Serruti por uno de los delitos que contempla el artículo 173 del Código Penal de la Nación.
Antecedentes
La raíz de la demanda se remonta al 27 de abril de 2019, fecha en la que Argañaraz fue apartada por decisión resuelta en asamblea extraordinaria. Sanso era a ese momento el vocal suplente N§1 de la ADP. Viviana Figueroa, que hasta entonces había sido la secretaria adjunta, asumió como nueva secretaria general del gremio. Jorge Amaya, quien era el vocal titular primero, quedó al frente de la Secretaría Adjunta, mientras que Albina Eugenia Melián, la vocal suplente N§ 2, pasó a ocupar la vocalía titular vacante.
Por la forma en que se hizo el corrimiento de los cargos en la reconformada comisión directiva, Sanso denunció que fue arbitrariamente privado de asumir como vocal titular, ya que era el suplente primero, con lo cual se incumplió el estatuto que establece la forma de organización y rige el funcionamiento de la Agremiación Docente.
En la demanda penal, el docente y dirigente gremial anteño sostuvo que, a largo de todo este tiempo, insistió infructuosamente con el reclamo administrativo, pero que la vulneración de sus derechos, la inobservancia del estatuto y el atropello a la voluntad soberana de los agremiados que lo eligieron para el cargo que le correspondía ocupar persistieron hasta hoy. Recordó que el 28 de octubre de 2020, mediante nota, pidió a la conducción gremial que proceda a su inmediata designación como vocal titular para participar con voz y voto en una reunión plenaria de la ADP, sin eco en su reclamo.
Afirmó que los directivos denunciadas incurrieron en «una clara conducta abusiva» y una «estafa a la soberanía popular reflejada en el voto emitido oportunamente por los afiliados a la ADP».
Señaló que la situación irregular le causó grandes perjuicios porque no pudo cobrar haberes después de la toma de posesión del cargo de vocal suplente y quedó privado también tanto de la obra social del IPS como del coseguro.
Asoció la vulneración de sus derechos a «una clara persecución política» que se evidenció hasta con una «prohibición expresa de ingreso a las oficinas de la ADP, hoteles y otros lugares que administra el gremio docente». Pidió que se promuevan las acciones penales correspondientes.
Ayer, ante este diario, sostuvo que todo lo que expuso en la acción penal no pudo proceder sin connivencias en las carteras de Trabajo de la Provincia y la Nación, la Policía y la propia Justicia. También disparó contra oficinas competentes del Ministerio de Educación de Salta. «Pedí una licencia sin goce de haberes porque me correspondía al ser titular de un cargo, pero nunca la resolvieron porque los papeles, por arte de magia, terminaron extraviados en las oficinas públicas que debían darle curso», remarcó, tras expresarse convencido de que las influencias volcadas en su perjuicio «habrían llegado inclusive hasta la Anses».
