El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Poder Judicial y Funcionarios del Ministerio Público resolvión allanar la inmunidad constitucional de la Defensora Oficial Civil de Tartagal, Rosa Fabiola Díaz.
El Jurado de Enjuiciamiento allanó la inmunidad de la defensora y detectó un número desmesurado de asuntos sin resolver.
El allanamiento de inmunidad fue requerido por el juez de Garantías de Primera Nomina, en la causa donde están imputadas Díaz junto a su hermana Alejandra Paola por los delitos de «administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos en perjuicio de Alejandra Liliana Díaz».
La denuncia de la hermana de ambas se radicó el pasado 4 de febrero, señalando que en el domicilio materno se encontraban donaciones que tenían como destinatarios a miembros de las comunidades wichi. El domicilio fue allanado el 7 de febrero, secuestrándose en el lugar los elementos señalados en la denuncia.
El artículo 160 de la Constitución Provincial prescribe que es atribución del Jurado de Enjuiciamiento allanar la inmunidad de los magistrados y funcionarios del Ministerio Público cuando se formule contra ellos acusación por delitos comunes.
Los asuntos judiciales confiados por personas en condiciones severas de vulnerabilidad a la Defensoría Oficial de Rosa Díaz (ahora suspendida), que habrían merecido acciones inmediatas y urgentes y fueron omitidas de brindarse.
En tanto difirió el pronunciamiento respecto de la suspensión de funciones y del embargo de haberes, hasta tanto el juzgado avance con la investigación.
Inadmisibles condiciones
Los primeros días de este mes se trasladó hacia la ciudad de Tartagal una comisión de profesionales de la Defensoría General de la Provincia designada a los fines de realizar una inspección en ámbitos de la Defensoría Oficial Civil N§ 2, que se encontrara desde el año 2018 a cargo de la suspendida Defensora Civil Dra. Rosa Diaz, habiéndose detectado inadmisibles condiciones de desatención y abandono de un número extremadamente desmesurado de asuntos judiciales confiados por personas carentes y en condiciones severas de vulnerabilidad, que habrían merecido, en la mayoría de los casos, acciones inmediatas y urgentes que fueron omitidas de brindar; lo que obligará al urgente diseño y puesta en marcha de una planificación tendiente a normalizar la asistencia de la que se vieron privados aquellos asistidos durante al menos los cuatro últimos años, independientemente de las medidas sancionatorias que serán requeridas una vez concluidos y precisados los informes en proceso de elaboración.
Otra causa penal
En similar sentido, y también en la Ciudad de Tartagal, el pasado viernes, por disposición del Juzgado de Garantías interviniente y a instancias del fiscal Penal N§ 1 Dr. Gonzalo Vega, se procedió a efectivizar un allanamiento en dicha Defensoría Oficial, vinculado con otra causa penal iniciada a partir de una remisión de actuaciones al procurador general instada por el defensor general de la Provincia, y cuya denuncia fuera recientemente ratificada por una asistida residente en la localidad de Gral. Enrique Mosconi.
«Nada ni nadie va a detener ni entorpecer el proceso de cambios y transformaciones indispensables para hacer realidad una defensa pública efectiva, objetivos comprometidos desde el inicio de esta nueva gestión», sostuvo García Castiella a su regreso del norte provincial, al tiempo que afirmó: «Sin perjuicio de reconocer las limitaciones estructurales e históricas de la defensa pública, como también el esfuerzo y dedicación que día a día aportan la mayoría de defensores, funcionarios y empleados de toda la provincia, resulta indispensable rediseñar los dispositivos de control para dinamizar y corregir los procesos, con la finalidad de mejorar el acompañamiento en el acceso a la Justicia, dispositivos que debieran haber sido implementados muchos años atrás. No habrá tolerancia para el abandono o trato displicente de ninguna persona que acuda a la asistencia de las Defensorías Oficiales».
