La policía retiró gran cantidad de elementos que se encontraban acopiados en la vivienda.
«Hay orden de ir hasta las últimas consecuencias», dijo un efectivo policial que participó del allanamiento y posterior retiro de gran cantidad de elementos que se encontraban en la vivienda de la concejal Paola Díaz y de la defensora civil del distrito Judicial de Tartagal, Rosa Díaz.
El allanamiento se realizó a partir de las 8 de la mañana de ayer en la vivienda que era propiedad de la madre de la actual edil oficialista de Tartagal y de la funcionaria del Ministerio Público, quién se encontraba en la vivienda y fue quien recibió la notificación que le entregó el personal policial, donde el juez de garantías Nelson Aramayo, por un pedido formulado por el fiscal penal Rafael Medina, ordenaba el allanamiento y el retiro de la totalidad de los elementos que conforman la ayuda solidaria que se encontraba acopiada, según las propias acusadas, hacía 11 meses (desde marzo de 2020) en esa propiedad ubicada en la intersección de la Avenida Mariano Moreno y Diagonal Juana Azurduy, de Villa Saavedra.
En esa vivienda, hasta fines del año pasado había residido la madre de la concejal, de la funcionaria del Ministerio Público y de Sandra Liliana Díaz, la mayor de las tres hermanas quien el jueves anterior denunció ante el periodista del canal de cable local, Luis Mena, que sus hermanas «tienen escondida mercadería, ropa, zapatillas, pañalines, agua mineral y un montón de donaciones que recibieron y que supuestamente iban a ser para los wichis pero que ellas venden y lo quieren usar para la campaña política».
Que no se lleven nada
La mujer se mantuvo en sus dichos y cuidó que sus hermanas no retiraran los elementos que habían sido enviados desde diferentes lugares y fundaciones de nuestro país desde febrero del año pasado cuando se difundió la crisis socio sanitaria que se había cobrado la vida de niños de la etnia wichi, quienes residen en el departamento San Martín, Rivadavia y Orán.
