El Ministerio de Economía oficializó una medida que genera controversia en el mundo empresarial: la Resolución 1834/2025 permite a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dolarizar una deuda de USD 1.500 millones con exportadores e importadores, pero con una condición que inquieta: los pagos recién podrán reclamarse a partir del 1° de enero de 2027. La decisión busca aliviar el déficit fiscal actual y cumplir con las metas pactadas con el FMI.
La deuda incluye devoluciones de impuestos, reintegros a la exportación, saldos de libre disponibilidad y pedidos de pago acumulados hasta el 31 de octubre de 2025. Aunque la medida parece ofrecer un beneficio al sector privado, el artículo 2° de la resolución revela su verdadera intención: congelar la obligación fiscal y trasladarla fuera del calendario inmediato.
Empresarios del rubro autopartista calificaron la maniobra como un “bono compulsivo”, denunciando que se obliga a una industria golpeada por la recesión a financiar al Estado sin opción. “Te devuelvo el IVA… pero en la próxima vida”, ironizó uno de ellos. El diputado electo Guillermo Michel estimó que esta operación representa 0,2 puntos del PBI que se trasladan del déficit 2025 al 2027.
El trasfondo fiscal es preocupante. Según el IARAF, los intereses de la deuda crecieron un 4,3% real interanual, mientras que el superávit primario cayó un 16% y el financiero un 25% en términos reales. La recaudación sigue en baja, y el gasto en intereses supera la inflación, lo que agrava el panorama económico.
El economista Nicolás Gadano advirtió que si se suman los intereses capitalizados —aquellos que no se pagan y se convierten en nueva deuda— el déficit financiero acumulado a octubre alcanza el 2,3% del PBI. Incluso con esta maniobra contable, el superávit financiero oficial apenas llega al 0,5% del PBI, muy lejos del 1,5% comprometido con el FMI.
La medida, aunque presentada como optativa, genera inquietud en el sector privado. Las empresas deberán manifestar su adhesión antes del 1° de marzo de 2026, pero muchas la ven como una imposición disfrazada. El Estado reconoce la deuda, la ata al dólar… y la guarda en el cajón por más de un año y medio.
En definitiva, el gobierno de Javier Milei recurre a una estrategia de contabilidad creativa para sostener el relato del superávit, mientras las tensiones fiscales se acumulan. La deuda no desaparece: simplemente se patea hacia adelante, dejando al próximo ejercicio presupuestario una carga que hoy no se quiere asumir.
✍️ Redacción Diario Inclusión
