Un ejemplo cotidiano lo expone la gastronomía: bodegones y parrillas, símbolos del consumo popular, cierran sus puertas ante la caída de ventas y el avance del negocio inmobiliario. La escena de un restaurante en Núñez que anuncia su cierre para dar paso a una torre resume el deterioro de espacios comunes de integración social.
El gobierno, según críticos, niega los efectos distributivos y manipula estadísticas oficiales para sostener un relato de estabilidad. Mientras se insiste en que el consumo no cae, los indicadores sectoriales muestran una depresión generalizada en rubros no vinculados al negocio financiero o energético.
La informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025, pero los datos oficiales del Indec sugieren que estos trabajadores habrían logrado aumentos salariales superiores a los registrados en el sector formal. Según las cifras, los informales habrían incrementado sus ingresos un 538%, superando ampliamente la inflación acumulada del período.
Sin embargo, especialistas advierten que estos números responden a cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares, que incorporó ingresos sociales antes no contabilizados, generando un falso aumento del poder de compra y una reducción artificial de la pobreza.
La realidad en las calles es otra: el consumo está deprimido, los salarios reales en retroceso y la inversión paralizada. Comercios, textiles y servicios muestran caídas que contradicen el relato oficial de mejora.
En este contexto, el discurso gubernamental sobre haber sacado a “13 millones de personas de la pobreza” se enfrenta a la percepción social de un país donde la clase media se desmorona y los espacios de integración se reducen, favoreciendo la concentración económica y el avance de determinados grupos de poder.
✍️ Redacción Diario Inclusión
