Desde la asunción de Javier Milei, la “motosierra” se convirtió en metáfora del recorte del gasto público. El discurso oficial enfatizó la reducción de la planta estatal, pero los informes recientes del INDEC y del SIPA muestran que el impacto más profundo se dio fuera del Estado.
A noviembre de 2025, el sector público nacional contaba con 281.785 trabajadores, lo que implicó una caída interanual del 7,3% y una pérdida acumulada de casi 60.000 puestos desde diciembre de 2023. El ajuste se distribuyó de manera desigual: la administración centralizada fue la más afectada, con una baja del 10,7%, mientras que la descentralizada redujo un 6,8% y la desconcentrada mostró un leve crecimiento mensual.
En paralelo, el empleo privado formal sufrió un deterioro mayor. Según datos del SIPA y estimaciones privadas, desde fines de 2023 se perdieron cerca de 200.000 puestos asalariados registrados. Solo entre junio y septiembre de 2025 se destruyeron unos 49.000 empleos, en un contexto de recesión, caída del consumo y paralización de la obra pública.
Este retroceso no solo incrementó el desempleo abierto, sino que modificó la composición del mercado laboral. El crecimiento del monotributo y del trabajo independiente absorbió parte de los trabajadores expulsados del empleo formal, generando un escenario de mayor precarización.
La paradoja del ajuste es evidente: mientras el Gobierno centró su narrativa en achicar el “Estado elefantiásico”, la pérdida más significativa se dio en el sector privado, tensionando el discurso oficial sobre la recomposición del empleo vía mercado.
El debate sobre la capacidad de la economía argentina para generar trabajo registrado en un contexto de ajuste fiscal, apertura comercial y caída de la actividad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política y económica.
✍️Redacción Diario Inclusión
