La ley había sido sancionada con dos tercios de ambas cámaras, luego vetada por Javier Milei, y finalmente promulgada tras la insistencia legislativa. Sin embargo, el Ejecutivo publicó el decreto 681/25 que suspende su aplicación, alegando falta de previsión presupuestaria. Para la oposición, se trata de una maniobra inconstitucional que vulnera derechos fundamentales.
El bloque que lidera Germán Martínez presentó un proyecto de resolución para interpelar a Francos según el artículo 101 de la Constitución. La sesión buscará definir su censura o remoción, en lo que podría convertirse en un nuevo revés institucional para la Casa Rosada.
Desde el Senado, José Mayans replicó la iniciativa con el respaldo de 34 legisladores. Con apenas tres votos más, podría concretarse la salida de Francos. “No se puede dejar por escrito que el gobierno no cumple la ley”, advirtió un senador opositor, denunciando el uso discrecional de partidas sin presupuesto.
También el bloque Coherencia, liderado por Marcela Pagano, presentó su propio proyecto. La ex libertaria se alineó con Encuentro Federal y otros espacios que denuncian “graves y sucesivas irregularidades” en la gestión de Francos. “Vamos a fondo”, afirmó uno de sus integrantes.
Victoria Tolosa Paz fue la primera del bloque peronista en pronunciarse públicamente: “Todos los bloques debemos aplicar el artículo 101 para la interpelación y censura a Francos”. La oposición confía en reunir la mayoría simple necesaria en ambas cámaras para concretar la remoción.
El caso expone el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, y pone en evidencia el desdén oficial por los derechos de las personas con discapacidad. La resistencia parlamentaria se articula como defensa institucional ante un modelo que avanza sin consensos ni respeto por la ley.
Redacción Diario Inclusión
