El Poder Ejecutivo oficializó este viernes el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modifica de manera profunda la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La medida fortalece el rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a concentrar la dirección estratégica del sistema, con mayores atribuciones sobre coordinación, presupuesto y control.
Según los fundamentos del decreto, el objetivo es ordenar el marco normativo, reducir superposiciones y adaptar el sistema a nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. El Gobierno justificó el uso del DNU por la “urgencia” de los cambios, evitando el trámite legislativo ordinario.
Entre las novedades más relevantes se encuentra la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integrará organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, áreas de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales. Todo bajo la órbita de la SIDE, que coordinará la producción de inteligencia estratégica a nivel nacional.
El decreto también establece la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), que reunirá ministerios y organismos públicos que aportan datos clave, como Relaciones Exteriores, Justicia, Migraciones, Energía Atómica y Aduanas. Se busca consolidar un esquema informativo más amplio para el Estado.
En el plano digital, la norma separa funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia. Se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), dependiente de Innovación, Ciencia y Tecnología, mientras que la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a llamarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, enfocada en inteligencia digital.
La reforma también redefine la contrainteligencia, creando la Agencia Nacional de Contrainteligencia, dedicada a anticipar riesgos de espionaje o sabotaje. Además, se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, cuyas funciones pasan al Estado Mayor Conjunto, buscando simplificar estructuras.
Con esta reforma, la SIDE queda como organismo rector del sistema, con poder ampliado sobre presupuesto, nombramientos y coordinación operativa. El decreto será enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su evaluación, pero ya se perfila como una de las transformaciones más significativas desde la sanción de la ley en 2001.
✍️Redacción Diario Inclusión
