La entrega de 160 diagnósticos vinculados a TDAH y trastornos del espectro autista (TEA) en Tartagal, impulsada por el diputado provincial Omar Exeni y acompañada por el intendente Franco Hernández Berni, no solo despertó objeciones desde el ámbito profesional, sino que ahora también genera un fuerte rechazo social.
Lo que desde el oficialismo se presenta como una política sanitaria inédita y un avance en la detección temprana en el interior provincial, ha sido duramente cuestionado por profesionales de la salud mental y por vecinos de la comunidad, quienes advierten sobre la metodología, la falta de transparencia y un posible uso político de la iniciativa.
Política sanitaria celebrada por el oficialismo, criticada por profesionales
Según las publicaciones oficiales, la acción consistió en una jornada de evaluaciones en la que se entregaron más de 160 diagnósticos integrales y gratuitos de TDAH y TEA a niñas, niños y adolescentes de Tartagal, con la intención de acercar este tipo de atención a familias que históricamente han tenido que trasladarse hasta la capital provincial para acceder a evaluaciones especializadas.
El diputado Exeni elogió el impacto de lo que calificó como “políticas de detección temprana” para ampliar el acceso a la salud infantil, destacando que “uno de cada 35 niños evaluados presenta autismo o TDAH” y subrayando la supuesta urgencia de sostener este tipo de acciones en el interior.
Desde el municipio, el intendente Hernández Berni también enmarcó la acción como una demostración de la presencia del Estado, destacando la reducción de costos que implica para las familias poder acceder a diagnósticos sin tener que viajar.
Sin embargo, esta narrativa oficial no ha pasado sin respuestas críticas, especialmente del Colegio de Psicología de Salta.
Profesionales alertan sobre irregularidades y falta de rigor metodológico
La psicóloga Gisela Pedersen, en representación del Colegio de Psicología de Salta, planteó cuestionamientos serios respecto del desarrollo, la fiabilidad y la comunicación de los diagnósticos.
Pedersen expresó inquietud sobre la velocidad con que se realizaron las evaluaciones, señalando que entregar casi doscientos diagnósticos en un lapso muy corto —como se habría hecho en Tartagal y también en experiencias previas en Salta Capital— despierta dudas sobre la profundidad y el rigor de los procesos. En su intervención, Pedersen remarcó que:
“¿Se puede dar este tipo de diagnóstico en tan poco tiempo, en tres días, por ejemplo? ¿Se puede diagnosticar? Me parece que hay varias cosas que deberían explicarse mejor.” (fragmentos del testimonio proporcionado)
Las advertencias profesionales se centran en que los diagnósticos de TEA y TDAH no pueden realizarse únicamente con un test o una evaluación rápida, sino que requieren una evaluación clínica interdisciplinaria, con la participación de psicólogos, neurólogos, psicopedagogos y fonoaudiólogos, y que además deben sustentarse en criterios científicos claros y protocolos aceptados.
Pedersen enfatizó que la difusión de un dato como “uno de cada 35” puede ser engañosa si no está respaldada por metodología estadística adecuada, y que podría inducir a interpretaciones erróneas sobre la prevalencia real de estos trastornos en la población general.
Además, la profesional señaló que certificaciones y diagnósticos mal comunicados o imprecisos pueden generar daños emocionales y sociales a las familias, además de confusión sobre el verdadero estado de salud de los niños.
Críticas vecinales: indignación, confusión e impresión de campaña política
Al malestar profesional se suman reacciones de vecinos de Tartagal, quienes expresaron su indignación en redes sociales, describiendo la iniciativa no como una verdadera política sanitaria, sino como una puesta en escena con ribetes políticos.
La usuaria Karina Zuleta publicó en Facebook su rechazo bajo el hashtag #REVOLEO_DE_CERTIFICADOS_DE_AUTISMO, denunciando que:
“Lo más grave es que desde el municipio NADIE cuestione, investigue qué y cómo es y se hace esto de diagnosticar y ponerle letreros a los niños. El Estado —municipal, provincial y nacional— DEBEN cuidar a la población, y SE SUPONE que tienen gente preparada para detectar lo que está bien o no tan bien.” (publicación de Facebook)
Zuleta también acusó a parte de la prensa de actuar como vehículo de propaganda, y no de indagar críticamente sobre los procedimientos y posibles consecuencias de estas evaluaciones.
Otra vecina, Marcia Vequis, fue aún más dura en su crítica, cuestionando directamente la presencia y el rol de los profesionales durante el operativo:
“El profesional (único en facultad e incumbencia) para diagnosticar es el médico neurólogo, del cual NO se disponía en el lugar. No psicólogo, ni psicopedagogo, ni fonoaudiólogo: ellos solo evalúan, nunca diagnostican. El diagnóstico lo da el neurólogo.” (publicación de Facebook)
Vequis agregó que los niños fueron citados todos a la misma hora, que algunos esperaron más de 12 horas para la atención, y que esta logística sirvió más para “visualizar una multitud” que para brindar un tratamiento respetuoso y humanizado.
El reto de un abordaje interdisciplinario y las garantías de seguimiento
Tanto profesionales como organizaciones especializadas en salud mental consideran imprescindible un abordaje interdisciplinario, que incluya no solo la evaluación, sino el acompañamiento, seguimiento terapéutico y apoyo familiar posterior al diagnóstico, aspectos que no quedaron claros en el operativo realizado en Tartagal.
Desde el Colegio de Psicología se alertó además sobre la necesidad de coordinación con la Secretaría de Discapacidad provincial, para evitar que diagnósticos aislados se traduzcan en certificados sin respaldo clínico ni acompañamiento que realmente beneficien a los niños y sus familias.
El testimonio de Pedersen también destacó la importancia de no dejar a las familias “con una sensación de que ya hicieron algo y no hay más nada”, subrayando que la detección temprana sin seguimiento estructurado puede ser más perjudicial que beneficiosa para los niños y sus entornos familiares.
Contrastes entre la gestión política y la crítica social
El contraste entre la versión oficial y las críticas no se limita a este operativo. En Tartagal, otras áreas de gestión de Hernández Berni han sido objeto de denuncias por parte de vecinos: desde barrios sin servicios básicos, hasta quejas sindicales por contrataciones sin control y tensiones laborales en el municipio.
Frente a este clima de descontento, la iniciativa de Exeni y Hernández Berni sobre diagnósticos de TDAH/TEA se percibe en algunos sectores como otra acción asistencial con fuerte carga mediática y escasa reflexión profesional rigurosa, más orientada a la visibilidad política que al desarrollo de políticas sanitarias sostenibles y respetuosas con los derechos de la infancia y las familias.
Conclusión: una política sanitaria en crisis de legitimidad
Aunque el acceso a diagnósticos clínicos tempranos es una necesidad real —especialmente en áreas donde escasean especialistas—, el caso de Tartagal expone una tensión clave entre promesas políticas y exigencias profesionales.
La combinación de:
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Ausencia de protocolos metodológicos claros,
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Rápida emisión de diagnósticos sin equipo interdisciplinario visible,
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Difusión de datos sin respaldo estadístico sólido,
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Indignación social por la logística y el uso mediático del operativo,
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Advertencias profesionales sobre riesgos de diagnósticos imprecisos,
genera un escenario en el cual la iniciativa, lejos de consolidarse como un hito sanitario, está bajo intenso cuestionamiento.
Organismos competentes como la Comisión de Salud y la Secretaría de Discapacidad han sido señalados como necesarios para verificar los hechos y garantizar que cualquier política de detección de trastornos del desarrollo cumpla con estándares éticos, científicos y humanos, evitando el riesgo de convertir la salud infantil en una herramienta de campañas políticas o acciones improvisadas.
Redacción: Diario Inclusión.
